La tasa de Gallardón sale más cara en unos juzgados que en otros
elperiodico.com 11/02/2013
La imposición del tasazo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en los tribunales está causando desconcierto en los juzgados, dado que, al disgusto de los demandantes, se añade que la ley no es lo suficientemente explícita, lo que provoca que se puedan cobrar tasas diferentes por procedimientos similares, según cómo se interprete la norma en cada juzgado.
Para tratar de paliar este problema, secretarios judiciales –los funcionarios que recaudan el nuevo impuesto– y magistrados se ha visto forzados a mantener reuniones para aunar criterios al menos en los juzgados de cada localidad. Sin embargo, estos acuerdos no aseguran la uniformidad en toda España, de ahí que los trabajadores de la administración de justicia exijan al Gobierno que dé unas pautas claras o emita una orden que resuelva los puntos oscuros de la norma.
Las diferencias de tarifas en pleitos similares pueden superar los 6.000 euros, según los ejemplos que ha facilitado el Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) a EL PERIÓDICO. «Divorciarse en Barcelona puede tener un precio y en L’Hospitalet, otro», denuncia su portavoz, Rafael Lafuente. El problema radica en que las tasas tienen una cuantía fija, a la que hay que sumar un importe variable que depende del dinero que se dirima en el procedimiento, y que es lo que está acarreando la mayoría de los problemas. Es decir, a la tasa fija hay que añadir un 0,5% de la cuantía procesal hasta un millón de euros y un 0,25% extra para cada euro que rebase esa cantidad.
CASOS REALES / «Pero, ¿cómo se cuantifica un divorcio?», se pregunta Lafuente. Pues en algunos juzgados se establece que es un procedimiento de cuantía indeterminada y, por tanto, se abona en primera instancia una tasa de 150 euros de parte fija más 90 euros de importe variable. Total, 240 euros. Pero en otros casos se computa el valor de la casa más las pensiones que se reclamen. Si el inmueble está valorado en 300.000 euros y se exigen pensiones de 350 euros y 500 euros, el importe de la tasa puede llegar a 2.160 euros. Estas diferencias abismales pueden darse también en los recursos de apelación y casación. En este último, el desembolso puede oscilar entre 2.420 y 8.180 euros, según cómo se interprete la ley.
La mayor parte de las dudas han surgido en los juzgados de familia y de violencia machista. Este diario ha tenido acceso a nueve acuerdos de tribunales de localidades diferentes, lo que da cuenta de que no es un problema aislado. De hecho, un pacto alcanzado ya en Málaga y Pamplona señala que «ante las numerosas dudas que suscita la aplicación en los procesos de familia de la ley de tasas y, hasta que respondan las consultas elevadas a la superioridad o existan pronunciamientos jurisprudenciales al respecto», se acuerda seguir unos criterios unificados.
Estas aclaraciones evitan la disparidad tarifaria en juzgados de un mismo municipio, pero entre estos y los de otras ciudades continúan. De ahí que el Sisej exija a Justicia «las medidas adecuadas para como mínimo poner fin a la inseguridad jurídica».
La Audiencia Nacional decidirá esta semana si suspende el tributo
La Audiencia Nacional se pronunciará esta semana sobre la petición del Colegio de Abogados de Orense de que suspenda de forma cautelar la orden ministerial que regula el pago de las tasas judiciales y, por tanto, la aplicación de la misma. La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo deliberará sobre este asunto tras recibir las alegaciones del Estado.
La demanda de los abogados de Orense fue la primera que se presentó contra el tasazo. Después llegaron otras, dado que el impuesto ha generado un rechazo unánime entre los operadores judiciales. El último recurso fue interpuesto por Legalitas, a través de más de 20 abogados del despacho, y junto con otros 97 juristas, entre ellos el exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. Este recuso insta a la Audiencia Nacional a anular la orden que regula las tasas por haberse omitido trámites «sustanciales», como el dictamen del Consejo de Estado.
JUSTICIA GRATUITA / Las quejas del Sisej (el tercer sindicato en número de afiliados entre los secretarios) coinciden con el escenario que se están encontrando los abogados. La decana del Colegio de Abogados de Badajoz, Filomena Peláez, también considera que los «acuerdos gubernativos no resuelven la inseguridad jurídica que plantea el hecho de que, dependiendo del criterio del juzgado de turno, en unos sí se tenga que abonar tasa y en otros no». Peláez, que ha recabado problemas en diversos lugares de España, pone como ejemplo que en Cáceres basta con el nombramiento provisional de un demandante de justicia gratuita para que este no abone la tasa, mientras que en Badajoz se exige la resolución definitiva. Si aún no la tiene, debe abonar tasa y luego reclamar la devolución del dinero.
Los problemas no son exclusivos de los juzgados de familia. En el orden social, ante una reclamación, por ejemplo, de incapacidad permanente, se pueden dar hasta seis interpretaciones distintas, con tasas que oscilan de 236 a 1.010 euros, según el Sisej.
El Ministerio de Justicia asegura que no le constan estas dudas. Un portavoz del departamento de RuizGallardón informó que los Tribunales Superiores de Justicia no han dado cuenta al ministerio de esas disfunciones. Asimismo afirmó que no han llegado «consultas oficiales», más allá de preguntas puntuales a las que se ha dado respuesta.
Las claves de un recargo nuevo:
1. Pago desde el 17 de diciembre pasado
El tasazo judicial comenzó a aplicarse el pasado 17 de diciembre, un mes después de que entrara en vigor porque el ministerio de Hacienda no tenía listos los formularios de cobro. La ley exige que para presentar una demanda o recurso en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo hay que abonar previamente tasas que oscilan entre 100 y 1.200 euros, más un importe variable que depende de la cuantía procesal. Antes, sólo las empresas se veían obligadas al desembolso de tasas para poder pleitear.
2. Rechazo unánime de la judicatura
Por primera vez en la historia, jueces, fiscales, secretarios, abogados, procuradores, sindicatos y asociaciones ciudadanas y de consumidores han unido su voz en contra de una norma que consideran que es inconstitucional porque limita el derecho a una tutela judicial efectiva. Las protestas se han multiplicado por toda España. La última tuvo lugar el sábado en Madrid. Además, asociaciones de jueces y fiscales no descartan llevar a cabo una huelga en febrero contra esta y otras reformas auspiciadas por Alberto Ruiz-Gallardón.
