El País 24/07/2013

El Juzgado Contencioso-administrativo 34 de Madrid comunicó el pasado martes un auto del 24 de junio en el que resolvió que “habrán de quedar paralizadas” las obras de urbanización del barrio de Valdebebas, cuyo planteamiento fue anulado, junto a otros 20 ámbitos del Plan General de Ordenación Urbana de 1997, por el Tribunal Supremo en septiembre. 

El Ayuntamiento (PP) aprobará la semana que viene la modificación urbanística que debe solventar la sentencia del Supremo, pero en los juzgados de la capital hay presentadas varias demandas por la supuesta ilegalidad de actos administrativos que contravienen presuntamente ese fallo.

Actualmente está ejecutado el 85% de las obras de Valdebebas, ubicado al noreste de la capital, junto al aeropuerto de Barajas, y donde el Ayuntamiento ha concedido licencia para 4.510 viviendas (3.240 protegidas), algunas ya acabadas y solo pendientes de la licencia de primera ocupación.

El auto suspende cautelarmente el acuerdo del Ayuntamiento de 13 de septiembre de 2012, previo a la sentencia del Supremo, que aprobó una modificación del proyecto —un nuevo puente sobre la M-12 de conexión con la T-4, y un cambio de diseño en el parque del ámbito—, así como las obras de urbanización que ya se estuviesen desarrollando. O sea, todo el ámbito.

El Ayuntamiento tiene hasta el 31 de julio para presentar recurso de apelación ante el mismo juzgado, pero, mientras se resuelve, las obras deberán paralizarse de manera inmediata, con la retirada de toda la maquinaria. “En caso de no producirse la inmediata paralización de las obras, se procederá a solicitar la ejecución del auto ante el juzgado”, comenta Ignacio Hernández Obelart, letrado del particular que interpuso la demanda. La juez ha rechazado la petición del Ayuntamiento de imponer al demandante una caución de 343,6 millones de euros, el presupuesto de las obras, por los posibles perjuicios causados por la suspensión judicial.

No es la primera medida cautelar que se toma recientemente sobre Valdebebas. En otro auto, del pasado 2 de abril, el Juzgado Contencioso-administrativo 17 de Madrid suspendía la licencia de edificación otorgada por el Ayuntamiento en noviembre a la cooperativa Residencial Adhara, gestionada por la promotora Ibosa.

Argumentaba el juez que “el interés provocado por la parte recurrente no es particular ni privado, sino público, como es proteger la legalidad urbanística y el medio ambiente, tan digno de protección como otros intereses públicos que puedan alegarse”. Además, entendía que “el interés de esa protección de la legalidad urbanística y el de velar por la eficacia material de las resoluciones judiciales deben prevalecer sobre el interés legítimo de la promotora a poner en marcha el proyecto de edificación, a pesar del desembolso de importantes cantidades de dinero”.

También está pendiente de resolución un recurso de apelación presentado ante el Tribunal Superior de Justicia contra el acuerdo municipal que aprobó el proyecto de reparcelación de Valdebebas. La resolución se está demorando más de lo previsto, según Hernández Obelart, por “los movimientos dilatorios realizados tanto por el Ayuntamiento de Madrid como por la Junta de Compensación de Valdebebas”.